Las implicaciones de la economía solidaria en la lucha de clases, el
Estado y el comportamiento individual
Por Marcelo Martínez
Una amiga, empleada de una empresa mediana de comercio, me contó que
desde hace varios años sus compañeros trabajadores y los patronos se han
organizado en un fondo de ahorro y crédito, con unos beneficios muy palpables
para los afiliados y sus familias. En general, este fondo no se diferencia en
mucho de cualquier organización de economía solidaria, pero tiene una
particularidad que la hace aparentemente diferente: no está legalizada ante el
Estado colombiano; y según mi amiga, “el día en que se legalice iniciaría
su desaparición”. Al preguntarle de la razón para hacer esa predicción,
ella afirma: “al legalizarla habría que pagar impuestos muy altos que
seguramente se robarán los burócratas, habría que abrir cuentas bancarias que
solo generan rendimientos al sector financiero, en conclusión, abría que
cumplir una serie de requisitos que antes que contribuir, perjudican el
funcionamiento del fondo”
Esta última afirmación de la persona que es el cerebro y columna
vertebral de un experimento de economía solidaria expresa en la forma más
sencilla el contenido de la relación entre la economía solidaria y el Estado
burgués, pero nos permite extender un poco más nuestro pensamiento e identificar
otros tópicos importantes más como la relación con la lucha de clases y con el
individuo:
Primero, los proyectos de economía solidaria superan la tesis de la
lucha de clases; en efecto, un proyecto de economía solidaria no puede siquiera
surgir, menos sostenerse, sobre un postulado que mira con el lente del enfrentamiento,
en los espacios y tiempos concretos en los que se presenta el capitalismo como
sistema de organización social predominante, entre propietarios, con nombres
propios, de medios de producción y propietarios, también con nombres propios,
de fuerza de trabajo, haciendo caso omiso del hecho real de que a los
trabajadores les va bien en la medida en que le va bien a la empresa.
La coexistencia de dos sistemas socioeconómicos opuestos en un mismo
espacio como es la empresa; uno representado en la empresa como tal –la
comercial del ejemplo- y otro en el proyecto solidario –el fondo de
ahorro y crédito-, el uno con su explotación y por ende su lucha de clases y el
otro basado en la solidaridad, la responsabilidad, etc., nos está indicando que
se están produciendo cambios esenciales en la vía a construir un mejor vivir de
las personas, pero no precisamente a través de la lucha de clases, sino a
través de las realizaciones de la racionalidad de las personas que ante la
imposibilidad de la forma capitalista de satisfacer las necesidades básicas de
vivienda, alimentación, educación, etc., acuden a la organización basada en la
solidaridad económica.
Es apenas natural que así sea, pues la lucha de clases tiene
posibilidad de existir realmente sólo dentro del margen en el que existen
clases sociales en contienda: propietarios de medios de producción y propietarios
de mano de obra, y al interior de ese margen tiene una importante función en
tanto contribuye a garantizar la existencia cada vez en mejores condiciones de
la fuerza productiva fundamental: la fuerza de trabajo y a través de esta
contribución, también eleva a mayores niveles a la sociedad toda.
Sin embargo, este papel dinámico de la lucha de clases tiene sus
límites, que son establecidos precisamente por la posibilidad económica de la
empresa. En el momento financiero en el cual la empresa ya no puede soportar
las exigencias de los trabajadores debe decidir entre su desaparición, la
confrontación con ellos o la entrega de sus bienes a los trabajadores para que
sean ellos quienes asuman la administración, caso este último en el cual ellos
se encuentran con la posibilidad de administrar con los criterios de la lucha
de clases o los de la solidaridad.
Segundo, los proyectos de economía solidaria, por su esencia, no caben
en la institucionalidad burguesa, pues, esta atenta en todos sus actos contra
la actividad solidaria; por lo anterior es que en ciertos casos y niveles deba
mimetizarse, adecuarse en algunos aspectos formales y temporales para no
infligir la normatividad, ya que por su contenido son agrupaciones que
contribuyen en su práctica a fortalecer y no a destruir las relaciones sociales.
Las empresas de economía solidaria, desde su surgimiento, requieren de
un tipo de Estado con unas prácticas administrativas de los bienes públicos basadas
en la honradez, la eficiencia, eficacia, etc. Un Estado corrupto, mentiroso y con
todas las prácticas propias de lo más degradado de la humanidad, representan
para los proyectos de economía solidaria, un ente al que se le deben ceder recursos
que utilizará en todo lo diferente a contribuir al desarrollo de condiciones
favorables para su desarrollo. Como todo Estado burgués está constituido para
sustentar la sociedad burguesa y lo hace precisamente a través de las prácticas
más degeneradas que la humanidad conoce, es de advertir entonces que la
economía solidaria requiere un Estado que en lugar de favorecer la propiedad
privada, favorezca la propiedad colectiva.
Este tipo de Estado está por construirse, pero se puede advertir que no
será precisamente un Estado como el actual burgués, que acude a todo tipo de
prácticas, incluidas las más detestables por la especie humana, a fin de
cumplir su función como administrador y gendarme del régimen de propiedad
privada; tampoco uno del mismo tipo solo con diferente clase social dominante.
Tercero, los proyectos de economía solidaria son espacios sociales en
los cuales el afiliado adquiere el grado de persona, pues se da la posibilidad
y la necesidad de que cada afiliado asuma un comportamiento caracterizado por
la responsabilidad, el respeto, la honradez y muchos otros valores teóricos que
la humanidad ha construido en su historia pero que sólo ahora se pueden llevar
a la práctica a nivel social.
Este tipo de persona no aparece como consecuencia de un chispazo de
racionalidad en forma individual, como por arte de magia, sino ante la presión
de un nuevo orden social en germen que da pasos concretos en el mejoramiento de
las condiciones materiales, culturales y ambientales y promete una ampliación
sostenida de ese mejoramiento pero a condición de un comportamiento específico
ante el resto de afiliados y también de la sociedad, caracterizado por lo que
se puede denominar buenas prácticas sociales, o sea, solidaridad, honradez,
etc.
Sin conexión 
Enviar mensaje